Cuando todo se
tuerce, cuando la financiación se dificulta, es inevitable volverse hacia
aquello que consume la mayor parte del presupuesto. El servicio nacional de
Salud.
La asistencia
sanitaria, con el sistema de previsión social, es uno de los grandes logros de
la sociedad española y uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. Esto
hace que antes de plantearnos cualquier reducción de las prestaciones, debamos
reflexionar profundamente y buscar alternativas.
Uno de los
principios de nuestro sistema de salud es la universalidad. Esta no nace con el
servicio si no que se va cimentando con el paso del tiempo. Debemos recordar
que inicialmente las prestaciones eran solo para aquellos que cotizaban, poco a
poco se fue ampliando la población cubierta con las distintas asimilaciones al
alta. Actualmente el articulo primero de la
Ley General
En estos momentos el sistema está en peligro y
parece que las propuestas avanzan hacia el deterioro del servicio, la reducción
de beneficiarios, y la inclusión del “copago”. Debemos recordar que la sanidad
nunca ha sido gratuita, de una forma u otra ha sido pagada por sus usuarios o al
menos por un gran parte de ellos.
En 1999, a raíz de los “Pactos
de Toledo”, el sistema de previsión social y el sistema sanitario se separan
pasando éste último a financiarse por los presupuestos generales del estado,
vía recaudación de impuestos. Este nuevo formato de financiación, mucho más
justo que el anterior en el que solo contribuían una parte de los
usuarios, hace que todos los residentes
contribuyan al sostenimiento de los servicios de salud al ser los impuestos
destinados a su financiación todos ellos indirectos.
Cuando hablamos
de reducir los beneficiarios no es extraño escuchar opiniones que piden que en
el servicio de salud solo se atiendan “sin coste” a los residentes, que son los
que contribuyen. Pero dado el funcionamiento del sistema de recaudación, esto no
es del todo así ya que al estar basado en impuestos indirectos, los llamados “sin
papeles” también contribuyen a la financiación del sistema, aunque no lo hacen
vía pago de impuestos directos, sí lo hacen con impuestos indirectos.
Llegados a este
punto lo que nos queda por restringir es el acceso de aquellos ciudadanos de
otros países que simplemente utilizan sus estancias en España para beneficiarse
de nuestro sistema sanitario, el llamado “turismo sanitario”. Este en si mismo
es un asunto complejo ya que la casuística es muy amplia. Tenemos las urgencias
sanitarias, los extranjeros menores de 18 años, las extranjeras embarazadas, etc.
Casos que si estudiamos individualmente darían para un amplio debate pero que
lo que generan son abusos cuantificables como son aquellos europeos que tienen
en España una mayor cobertura y una mejor atención sanitaria, para ellos sí
gratuita, que en sus propios países o que la que los españoles recibiríamos en
caso de necesitarla en una estancia en esos países, o la conocida utilización
de los paritorios en ciudades fronterizas como el caso de Ceuta y Melilla. Todo
ello sin hablar del efecto llamada sobre los familiares de los residentes
extranjeros. Claro está que la revisión de acuerdos bilaterales y la prestación
de los mismos servicios que reciben nuestros nacionales a los de otros países
podría ser una vía de racionalización del gasto pero parece que no debe ser la
única ni parece que sea suficiente.
Otro asunto del
que se habla, como ya se ha dicho arriba, es el copago. Realmente estaríamos planteando
que el usuario contribuya directamente en el coste de la utilización del
servicio que se le presta. Pero ¿es la sanidad en dónde debe incluirse esta
medida?, ¿los costes que generaría la implantación de la medida la justificarían?
¿no generaría situaciones de desamparo y desatención?, ¿Qué sucedería con los
residentes de menores ingresos? El cobro
directo por los servicios que se prestan limita claramente la correlación de la
recaudación por el servicio a la evolución económica del entorno. Además de en
algunos casos reducir su utilización y por lo tanto generar un ahorro en el
servicio. Está claro que en una situación como la que estamos viviendo la caída
de la actividad supone una reducción significativa de la recaudación de
impuestos que, pese a lo que se diga, únicamente es posible recuperar mediante
un incremento de la actividad.
Indudablemente
antes de tomar cualquiera de las medidas que se han comentado se debería tratar
de reactivar la economía e incrementar la eficiencia y eficacia del gasto
público. Por eso que necesariamente, y como paso previo a cualquier otra medida
que suponga un recorte, debemos fijarnos en las partidas de gastos, tanto las
especificas sanitarias como el resto de partidas de gastos público. Ello nos
llevaría a un replanteamiento profundo de nuestro sistema público. La
descentralización del servicio lo que ha generado son diferencias e
ineficiencias en la prestación, además de incrementar la probabilidad de
derroches innecesarios y graves fallos de gestión. Seguro que también encontraríamos
importantes puntos de mejora de la eficiencia y reducción y racionalización del
gasto en el propio sistema sanitario, pero hay otros muchos capítulos ajenos a
ella que detraen elevadas cantidades de dinero público en las que también
deberíamos fijarnos. Por ello, además de las medidas concretas para el sector
sanitario y la población a la que se destine, debemos emprender una profunda
reforma de la estructura y organización del estado, así como un detallado análisis
de las partidas de gasto, de la necesidad de su existencia, y de lo adecuado de
su cuantía.
