ASISTENCIA SANITARIA UNIVERSAL

Cuando todo se tuerce, cuando la financiación se dificulta, es inevitable volverse hacia aquello que consume la mayor parte del presupuesto. El servicio nacional de Salud.

La asistencia sanitaria, con el sistema de previsión social, es uno de los grandes logros de la sociedad española y uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. Esto hace que antes de plantearnos cualquier reducción de las prestaciones, debamos reflexionar profundamente y buscar alternativas.

Uno de los principios de nuestro sistema de salud es la universalidad. Esta no nace con el servicio si no que se va cimentando con el paso del tiempo. Debemos recordar que inicialmente las prestaciones eran solo para aquellos que cotizaban, poco a poco se fue ampliando la población cubierta con las distintas asimilaciones al alta. Actualmente el articulo primero de la Ley General de Sanidad dice “Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio nacional”. No obstante, es bien sabido que el sistema no ha llegado nunca a utilizar literalmente este precepto continuando con las asimilaciones al alta y la situaciones de no cobertura.

En  estos momentos el sistema está en peligro y parece que las propuestas avanzan hacia el deterioro del servicio, la reducción de beneficiarios, y la inclusión del “copago”. Debemos recordar que la sanidad nunca ha sido gratuita, de una forma u otra ha sido pagada por sus usuarios o al menos por un gran parte de ellos.

En 1999, a raíz de los “Pactos de Toledo”, el sistema de previsión social y el sistema sanitario se separan pasando éste último a financiarse por los presupuestos generales del estado, vía recaudación de impuestos. Este nuevo formato de financiación, mucho más justo que el anterior en el que solo contribuían una parte de los usuarios,  hace que todos los residentes contribuyan al sostenimiento de los servicios de salud al ser los impuestos destinados a su financiación todos ellos indirectos.

Cuando hablamos de reducir los beneficiarios no es extraño escuchar opiniones que piden que en el servicio de salud solo se atiendan “sin coste” a los residentes, que son los que contribuyen. Pero dado el funcionamiento del sistema de recaudación, esto no es del todo así ya que al estar basado en impuestos indirectos, los llamados “sin papeles” también contribuyen a la financiación del sistema, aunque no lo hacen vía pago de impuestos directos, sí lo hacen con impuestos indirectos.

Llegados a este punto lo que nos queda por restringir es el acceso de aquellos ciudadanos de otros países que simplemente utilizan sus estancias en España para beneficiarse de nuestro sistema sanitario, el llamado “turismo sanitario”. Este en si mismo es un asunto complejo ya que la casuística es muy amplia. Tenemos las urgencias sanitarias, los extranjeros menores de 18 años, las extranjeras embarazadas, etc. Casos que si estudiamos individualmente darían para un amplio debate pero que lo que generan son abusos cuantificables como son aquellos europeos que tienen en España una mayor cobertura y una mejor atención sanitaria, para ellos sí gratuita, que en sus propios países o que la que los españoles recibiríamos en caso de necesitarla en una estancia en esos países, o la conocida utilización de los paritorios en ciudades fronterizas como el caso de Ceuta y Melilla. Todo ello sin hablar del efecto llamada sobre los familiares de los residentes extranjeros. Claro está que la revisión de acuerdos bilaterales y la prestación de los mismos servicios que reciben nuestros nacionales a los de otros países podría ser una vía de racionalización del gasto pero parece que no debe ser la única ni parece que sea suficiente.

Otro asunto del que se habla, como ya se ha dicho arriba, es el copago. Realmente estaríamos planteando que el usuario contribuya directamente en el coste de la utilización del servicio que se le presta. Pero ¿es la sanidad en dónde debe incluirse esta medida?, ¿los costes que generaría la implantación de la medida la justificarían? ¿no generaría situaciones de desamparo y desatención?, ¿Qué sucedería con los residentes de menores ingresos?  El cobro directo por los servicios que se prestan limita claramente la correlación de la recaudación por el servicio a la evolución económica del entorno. Además de en algunos casos reducir su utilización y por lo tanto generar un ahorro en el servicio. Está claro que en una situación como la que estamos viviendo la caída de la actividad supone una reducción significativa de la recaudación de impuestos que, pese a lo que se diga, únicamente es posible recuperar mediante un incremento de la actividad.

Indudablemente antes de tomar cualquiera de las medidas que se han comentado se debería tratar de reactivar la economía e incrementar la eficiencia y eficacia del gasto público. Por eso que necesariamente, y como paso previo a cualquier otra medida que suponga un recorte, debemos fijarnos en las partidas de gastos, tanto las especificas sanitarias como el resto de partidas de gastos público. Ello nos llevaría a un replanteamiento profundo de nuestro sistema público. La descentralización del servicio lo que ha generado son diferencias e ineficiencias en la prestación, además de incrementar la probabilidad de derroches innecesarios y graves fallos de gestión. Seguro que también encontraríamos importantes puntos de mejora de la eficiencia y reducción y racionalización del gasto en el propio sistema sanitario, pero hay otros muchos capítulos ajenos a ella que detraen elevadas cantidades de dinero público en las que también deberíamos fijarnos. Por ello, además de las medidas concretas para el sector sanitario y la población a la que se destine, debemos emprender una profunda reforma de la estructura y organización del estado, así como un detallado análisis de las partidas de gasto, de la necesidad de su existencia, y de lo adecuado de su cuantía.