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domingo, 17 de abril de 2016

LAS PENSIONES




La semana pasada se debatía en el Círculo de Empresarios de Galicia el futuro de las pensiones, un asunto que parece que nadie se atreve a abordar. Llevamos años viendo como la diferencia entre el salario efectivo y la pensión se incrementa cada vez más. A día de hoy es un hecho que generalmente las pensiones no cubren las necesidades asistenciales de sus beneficiarios, pero sigue siendo un debate que se oculta a la sociedad.

Los técnicos mantienen con acierto que el deterioro del sistema de pensiones no es únicamente coyuntural, es cierto que está altamente correlacionado con el mercado laboral pero existe un problema mayor que los niveles de empleo y es la evolución de la pirámide demográfica. Las soluciones que se están planteando de retraso de la de la edad de jubilación, o lo que es lo mismo ampliación de los años cotizados, y reducción de las pensiones no es suficiente. Cada vez es más necesario abordar este asunto para buscar soluciones adecuadas. Parece que lo lógico es migrar hacia un sistema de capitalización que permita complementar el que ahora tenemos.

De seguir con el sistema de pensiones actual, la dependencia de los presupuestos generales de estado será cada vez mayor, obligando a una recaudación, vía impositiva, que complemente las contribuciones actuales. Esto irremediablemente llevaría a una reducción aún mayor de las pensiones y a un claro incremento de las cargas sociales soportadas por el estado y por tanto sujetas a vaivenes políticos y económicos.

El sistema de capitalización crea un cambio sustancial, cada trabajador aporta para su propia pensión, con lo que se limita el efecto de las tendencias demográficas. Cierto que la sustitución total del sistema es inviable, pero sí parece razonable que se puedan implementar medidas que fomenten el complemento actual del sistema de pensiones.

Muchas veces se habla de la mentalización del trabajador para planificar su jubilación, pero esto ya sucede en muchos casos, y en otros depende mucho de las necesidades actuales y de la previsión de su vida futura y del tiempo que se tenga para cubrirla. Parece que si queremos incentivar un cambio, éste debe ir más allá de la mentalización,  debe ser en cierta medida obligatorio. Para ello se necesita también un cambio profundo en las normas que regulan los sistemas de previsión privados, sobre todo en lo que se refiere al apartado de costes.

Paralelamente se pueden poner en marcha otras medidas como la que se valoró hace unos años para consolidar los derechos de despido de los trabajadores, externalizándolos de las empresas de forma que se pudiesen acumular y tenerlos disponibles a lo largo de la vida laboral y complementar con ellos las pensiones en caso de no utilizarlos. Esta medida, además facilitaría la flexibilidad laboral que tanto nos hace falta, aunque incrementaría el coste unitario de la hora de trabajo, por lo que debería ir acompañado de una profunda renovación de nuestro sistema productivo. Opción similar sería la de capitalizar el seguro de desempleo.

No pretendo poner sobre la mesa ninguna solución. Lo que me parece inaplazable es abrir un debate profundo sobre el futuro de las pensiones. Además, parece que la situación actual en la que se podría conformar un gobierno con un elevado espectro político, si las ambiciones personales no nos llevan a unas nuevas elecciones, éste debería ser uno de los asuntos importantes a incluir en una agenda política de trabajo, debido a que tarde o temprano se deberá abordar sin que deba ser utilizado como arma electoral, ya que necesita de una pronta solución y un amplio consenso. Eludir o retrasar este debate hace que las posibles medidas que haya que llevar a cabo resulten más traumáticas y difíciles de tomar, lo que tendrá un mayor coste político.


lunes, 27 de febrero de 2012

¡LO HAN HECHO OTRA VEZ!



Titulo programa electoral PP elecciones generales 2011
Después de los desencuentros y la falta de consenso entre patronal y sindicatos el gobierno finalmente se decide a  presentar un decreto de reforma laboral. Una vez más el gobierno de turno no se molestó en alcanzar un acuerdo previamente con los interlocutores sociales y presenta otra reforma laboral sin consenso y por lo tanto con una terrible oposición.

Desde el mismo día en que se hace pública la reforma, se alzan numerosas voces protestando por el contenido de la misma. Ciertamente muchas de las críticas y oposiciones a la Reforma Laboral son justificadas ya que realmente, por su contenido, no se entiende que es lo que se pretende conseguir con las medidas que implementa el nuevo decreto.

La situación que estamos viviendo y el continuado deterioro que sufre, hace que las medidas que se deben tomar sean duras y agresivas. Algo a lo que están dispuestos los ciudadanos. Pero esto es una cosa y otra muy distinta es basar las medidas de incentivación a la contratación, en una pérdida total y absoluta de derechos por parte de los trabajadores y en otorgar un poder cuasi absoluto a los empleadores sobre la relaciones laborales. 

En mi opinión, una ley de este tipo no incentivará la contratación. Cierto es que esto es obvio. Ninguna ley incentiva la contratación ni reduce el desempleo. Para conseguirlo se debe cambiar el ciclo económico y entrar en una senda de crecimiento. La legislación laboral sí puede ser determinante para reducir el ratio de crecimiento en el que el sistema es capaz de volver a crear empleo.

Dicho de otra forma, cuanto menor coste tenga y más flexible sea la resolución de los contratos de trabajo menor será el crecimiento necesario para la creación de empleo, aunque la duración de éste se volverá más sensible a las modificaciones del entorno introduciendo un mayor grado de volatilidad en la estabilidad laboral. Pero la nueva norma no llega a esos valores, manteniendo un coste que  no incentivará la contratación en crecimientos reducidos pero sí la inestabilidad laboral en escenarios como el que vivimos en donde la demanda de trabajo supera ampliamente la oferta, a la vez que se le otorga al empleador una amplia capacidad para modificar arbitrariamente las condiciones sustanciales de la relación laboral. Todo ello sin  olvidar que la falta de tutelaje administrativo, judicial o sindical generará un incremento de reclamaciones que judicializarán el sistema. Espero que no sea por esto por lo que se pretende que la justicia, hasta ahora gratuita, sea de pago.

Antes las innumerables voces críticas a la nueva reforma laboral, el gobierno argumenta simplemente que son tiempos duros en donde se deben tomar medias drásticas, sin mayor explicación de lo que pretenden conseguir con las modificaciones realizadas, que como ya  he dicho antes parecen muy alejadas del objetivo general de modernizar y flexibilizar el mercado laboral. 

Pero el principal argumento que ha utilizado recurrentemente, el presidente del gobierno y todos sus altavoces, es que  una gran mayoría de Españoles les respaldan y les han votado en las urnas para que hagan estas reformas. Esto es falaz. A la vista de esto lo que deberíamos pedir todos los Españoles es un marco regulatorio en donde los políticos tengan responsabilidad sobre sus promesas y sobre el resultado de sus gestiones.

El Partido Popular prometió en su programa electoral una Reforma Laboral. Una reforma laboral basada en la flexibilización de la negociación colectiva, la simplificación de la contratación,  la incentivación de la creación de nuevo empleo, la adecuación de la cotización, la desaparición del fraude y de las barreras para la aceptación del empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero sobre todo en varias respuestas, a preguntas directas y por escrito, Mariano Rajoy dijo que pretendían una reforma laboral que "facilitase la contratación y no el despido". A la vista de lo promulgado y de las explicaciones que han dado, parece que nos encontramos ante otro flagrante engaño al electorado. Otro engaño que no tiene justificación a escasas semanas de su llegada al poder.



sábado, 28 de enero de 2012

REFORMA LABORAL




Sumidos como estamos en una de las mayores crisis que se ha vivido, cada nuevo acontecimiento, cada intervención de los actores sociales, políticos y económicos, evidencian que estamos ante un modelo agotado. Claramente necesitamos reinventar el sistema buscando la eficacia. Necesitamos una revolución tranquila que permita que los líderes vuelvan a ser eficaces.

A muchos un planteamiento como éste les asusta. El cambio no es algo que a todo el mundo le resulte fácil aceptar, sobre todo a aquellos que se han instalado en el mundo de prebendas que genera todo sistema. Los clásicos ya enunciaban como mejores formas de gobierno la constante y pausada transición de unas a otras. En la actualidad lo que debemos buscar es simplemente una redefinición de los poderes públicos, la forma de acceso a ellos y su funcionamiento.

Nos encontramos en un momento crucial en el que necesariamente, y a toda prisa, se han de implementar medidas y reformas que nos ayuden con inmediatez a ver la salida del oscuro túnel en el que nos encontramos. Una de éstas es la reforma laboral. Estamos ante la décimo octava reforma laboral de nuestra democracia y una vez más los llamados actores sociales no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Fue en los Pactos de la Moncloa la primera y única vez en donde partidos políticos, asociaciones de empresarios y sindicatos alcanzaron un acuerdo para realizar una reforma laboral.

Claramente el momento actual necesita del concurso y el consenso de todos pero parece que algunos no se dan por enterados e insisten en la consecución de sus propios intereses. Cierto es que, probablemente presionados por el gobierno, alcanzan un acuerdo de mínimos restringido prácticamente a la revisión salarial.

En uno de los peores momentos, la asociación de empresarios aprovecha una vez más para tratar de obtener ventaja en una situación difícil para la sociedad, limitando un acuerdo en aras de conseguir sus viejas reivindicaciones: la reducción de las indemnizaciones por despido, la reducción de las vacaciones y la de las horas extras. No parece que ninguna de estas pretensiones puedan ayudarnos a salir de la situación actual, más bien todo lo contrario. En una situación como la que vivimos reducir las barreras del despido lo único que generaría es más desempleo­ y además es una medida que con la legislación actual no parece necesaria. Las continuas declaraciones sobre el cierre de empresas obligadas a atender indemnizaciones de 45 días son falaces ya que las leyes en vigor dejan abiertas alternativas, eso sí siempre y cuando sean debidamente justificados los motivos y necesidades de la reducción de empleos. Por otra parte, no parece que sea de gran ayuda reducir el coste laboral mediante la reducción de vacaciones o el coste de las extensiones de la jornada, no parece que esto ayude a la creación de empleo, principal objetivo, ni al incremento de la productividad.

En la otra parte de la mesa se sientan unos sindicatos cada vez menos representativos. Unos sindicatos que su primera prioridad es justificar y perpetuar su existencia. Por ello no admiten la descentralización de la negociación colectiva ni la simplificación de la contratación, insistiendo en una intermediación que se ha revelado como ineficaz en la generación de empleo y en la necesaria flexibilización que asegure la pervivencia de las empresas.

No obstante lo preocupante de la situación es el injustificado retraso del gobierno, desde sus pretensiones iniciales, en la promulgación de la necesaria Ley de reforma. Cierto es que el consenso de los interlocutores sociales es deseable para el buen fin de una reforma laboral, pero ante la falta de acuerdo, al menos de un acuerdo más amplio, se debería llamar, convocar  a asociaciones de empresarios y sindicatos y apelar a su responsabilidad social y sentido de estado para que avalen las propuestas del gobierno. Propuestas que por otra parte han sido expresadas por el partido del gobierno en su programa electoral. Propuestas aparentemente ausentes de egoístas intereses sectarios que parecen claramente adecuadas para revitalizar el empleo y flexibilizar las relaciones laborales. En ese momento proponían una reforma laboral basada en la flexibilización de la negociación colectiva, la simplificación de la contratación, la incentivación de la generación de nuevo empleo, la adecuación de la cotización, la desaparición del fraude y de las barreras a la aceptación del empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Una reforma basada en estos principios y aderezada con medidas que faciliten la creación de nuevas empresas y el apoyo a la generación del autoempleo debería ser una de las llaves que abriesen la puerta de la esperanza a multitud de familias que viven en una difícil situación.

Tampoco debemos olvidar que la reforma del mercado de trabajo por si sola no es la solución. Además de facilitar e incentivar la contratación, se debe dinamizar la economía y facilitar e incentivar la creación de nuevas empresas, como ya he dicho antes.  Para ello parece que el primer paso debería ser la reforma del sistema financiero, pero también la contención y adecuado destino del gasto público lo que permitiría una menor contribución, y por tanto una liberación de renta que dinamizaría el consumo, incentivado por un incremento de la confianza, y como no una profunda reforma de la ley de educación que nos de como resultado una capacitación y competitividad mayor de nuestros ciudadanos.