CEE

Ramón Vigo arropado por vecinos y familiares a su salida del juzgado de Corcubión/ÓSCAR CORRAL

CEE es un una villa Gallega que durante los últimos años estuvo gobernada por el independiente Ramón Vigo. La gestión de este alcalde y su corporación siempre fue muy discutida, habiéndose incluso presentado a las últimas elecciones como imputado en un caso de corrupción. Pero lo cierto es que mantuvo el sillón consistorial al ser la suya la candidatura más votada por sus vecinos en los últimos comicios municipales.

En las últimas elecciones, donde este alcalde consiguió su reelección como independiente, se presentaron otras formaciones políticas con principios e ideas distintos pero con programas de gobierno con puntos coincidentes. Pasado el tiempo,  los casos de denuncias por corrupción se le acumulan a este regidor, al igual que sus incumplimientos electorales, aderezados además con su falta de capacidad para llegar a acuerdos en materias con posicionamientos teóricamente comunes con el resto de fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento.

A decir de sus vecinos, CEE, desde que asumió su liderazgo el Sr. Vigo, fue perdiendo su tradicional preponderancia en su comarca, generando, éste y los otros asuntos comentados, el descontento de los vecinos que ven como su calidad de vida se deteriora por la gestión de su alcalde, más allá del deterioro que sufren todos los municipios Españoles por la crisis económica que padece nuestro país.

Esta situación ha llevado a que concejales en la oposición de dos formaciones políticas distintas busquen puntos de encuentro, pensando en  mejorar la calidad de vida de los vecinos que los eligieron, terminando con los desmanes del alcalde actual, y garantizando el cumplimiento de los acuerdos pactados, por lo que han presentado de forma conjunta una moción de cesura.

Hasta aquí todo normal y con cierta lógica y nada diferente a lo que sucede en otros muchos ayuntamientos Españoles, en donde sus regidores dejan mucho que desear, pero que entre los concejales existen personas que aún piensan en el bien común y esto lo hacen más allá de sus posicionamientos políticos y de sus intereses personales.

Lo alarmante de este asunto es que una vez terminada la moción de censura y la elección de la nueva alcaldesa, militante del PP, con los apoyos de los concejales del BNG, sale a la "palestra" D. Guillerme Vázquez, Portavoz nacional del BNG,  que sin tener en cuenta las legitimas motivaciones de los concejales de su formación en CEE y sin explicarnos su posicionamiento sobre las mismas, dice que el BNG no puede ser comparsa del PP, aunque sí parece que, prácticamente desde sus orígenes, lo es y  lo ha sido del PSOE, y que nunca consentirá que se apoye a un gobierno del PP. Por ello echa de su formación a los concejales que, lejos de posicionamientos políticos tan profundos con los que el Sr. Vázquez expresaba ,simplemente actuaban por el interés general de sus electores y vecinos.

Después de oír las declaraciones de Guillerme Vázquez, entiendo los motivos por los que el Bloque Nacionalista Gallego está en pleno proceso de desintegración. Además, me reafirmo en la necesidad de un cambio normativo que regule la responsabilidad de los partidos políticos y sus representantes sobre sus promesas electorales y sobre el resultado de su gestión. Espero y deseo que, de una vez por todas, esos que dicen actuar por el interés común dejen de engañarnos y se dediquen a prestar el servicio social para el que libremente se han presentado a unas elecciones.

¡LO HAN HECHO OTRA VEZ!

Titulo programa electoral PP elecciones generales 2011

Después de los desencuentros y la falta de consenso entre patronal y sindicatos el gobierno finalmente se decide a  presentar un decreto de reforma laboral. Una vez más el gobierno de turno no se molestó en alcanzar un acuerdo previamente con los interlocutores sociales y presenta otra reforma laboral sin consenso y por lo tanto con una terrible oposición.

Desde el mismo día en que se hace pública la reforma, se alzan numerosas voces protestando por el contenido de la misma. Ciertamente muchas de las críticas y oposiciones a la Reforma Laboral son justificadas ya que realmente, por su contenido, no se entiende que es lo que se pretende conseguir con las medidas que implementa el nuevo decreto.

La situación que estamos viviendo y el continuado deterioro que sufre, hace que las medidas que se deben tomar sean duras y agresivas. Algo a lo que están dispuestos los ciudadanos. Pero esto es una cosa y otra muy distinta es basar las medidas de incentivación a la contratación, en una pérdida total y absoluta de derechos por parte de los trabajadores y en otorgar un poder cuasi absoluto a los empleadores sobre la relaciones laborales. 

En mi opinión, una ley de este tipo no incentivará la contratación. Cierto es que esto es obvio. Ninguna ley incentiva la contratación ni reduce el desempleo. Para conseguirlo se debe cambiar el ciclo económico y entrar en una senda de crecimiento. La legislación laboral sí puede ser determinante para reducir el ratio de crecimiento en el que el sistema es capaz de volver a crear empleo.

Dicho de otra forma, cuanto menor coste tenga y más flexible sea la resolución de los contratos de trabajo menor será el crecimiento necesario para la creación de empleo, aunque la duración de éste se volverá más sensible a las modificaciones del entorno introduciendo un mayor grado de volatilidad en la estabilidad laboral. Pero la nueva norma no llega a esos valores, manteniendo un coste que  no incentivará la contratación en crecimientos reducidos pero sí la inestabilidad laboral en escenarios como el que vivimos en donde la demanda de trabajo supera ampliamente la oferta, a la vez que se le otorga al empleador una amplia capacidad para modificar arbitrariamente las condiciones sustanciales de la relación laboral. Todo ello sin  olvidar que la falta de tutelaje administrativo, judicial o sindical generará un incremento de reclamaciones que judicializarán el sistema. Espero que no sea por esto por lo que se pretende que la justicia, hasta ahora gratuita, sea de pago.

Antes las innumerables voces críticas a la nueva reforma laboral, el gobierno argumenta simplemente que son tiempos duros en donde se deben tomar medias drásticas, sin mayor explicación de lo que pretenden conseguir con las modificaciones realizadas, que como ya  he dicho antes parecen muy alejadas del objetivo general de modernizar y flexibilizar el mercado laboral. 

Pero el principal argumento que ha utilizado recurrentemente, el presidente del gobierno y todos sus altavoces, es que  una gran mayoría de Españoles les respaldan y les han votado en las urnas para que hagan estas reformas. Esto es falaz. A la vista de esto lo que deberíamos pedir todos los Españoles es un marco regulatorio en donde los políticos tengan responsabilidad sobre sus promesas y sobre el resultado de sus gestiones.

El Partido Popular prometió en su programa electoral una Reforma Laboral. Una reforma laboral basada en la flexibilización de la negociación colectiva, la simplificación de la contratación,  la incentivación de la creación de nuevo empleo, la adecuación de la cotización, la desaparición del fraude y de las barreras para la aceptación del empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero sobre todo en varias respuestas, a preguntas directas y por escrito, Mariano Rajoy dijo que pretendían una reforma laboral que "facilitase la contratación y no el despido". A la vista de lo promulgado y de las explicaciones que han dado, parece que nos encontramos ante otro flagrante engaño al electorado. Otro engaño que no tiene justificación a escasas semanas de su llegada al poder.

REFORMA LABORAL

Sumidos como estamos en una de las mayores crisis que se ha vivido, cada nuevo acontecimiento, cada intervención de los actores sociales, políticos y económicos, evidencian que estamos ante un modelo agotado. Claramente necesitamos reinventar el sistema buscando la eficacia. Necesitamos una revolución tranquila que permita que los líderes vuelvan a ser eficaces.

A muchos un planteamiento como éste les asusta. El cambio no es algo que a todo el mundo le resulte fácil aceptar, sobre todo a aquellos que se han instalado en el mundo de prebendas que genera todo sistema. Los clásicos ya enunciaban como mejores formas de gobierno la constante y pausada transición de unas a otras. En la actualidad lo que debemos buscar es simplemente una redefinición de los poderes públicos, la forma de acceso a ellos y su funcionamiento.

Nos encontramos en un momento crucial en el que necesariamente, y a toda prisa, se han de implementar medidas y reformas que nos ayuden con inmediatez a ver la salida del oscuro túnel en el que nos encontramos. Una de éstas es la reforma laboral. Estamos ante la décimo octava reforma laboral de nuestra democracia y una vez más los llamados actores sociales no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Fue en los Pactos de la Moncloa la primera y única vez en donde partidos políticos, asociaciones de empresarios y sindicatos alcanzaron un acuerdo para realizar una reforma laboral.

Claramente el momento actual necesita del concurso y el consenso de todos pero parece que algunos no se dan por enterados e insisten en la consecución de sus propios intereses. Cierto es que, probablemente presionados por el gobierno, alcanzan un acuerdo de mínimos restringido prácticamente a la revisión salarial.

En uno de los peores momentos, la asociación de empresarios aprovecha una vez más para tratar de obtener ventaja en una situación difícil para la sociedad, limitando un acuerdo en aras de conseguir sus viejas reivindicaciones: la reducción de las indemnizaciones por despido, la reducción de las vacaciones y la de las horas extras. No parece que ninguna de estas pretensiones puedan ayudarnos a salir de la situación actual, más bien todo lo contrario. En una situación como la que vivimos reducir las barreras del despido lo único que generaría es más desempleo­ y además es una medida que con la legislación actual no parece necesaria. Las continuas declaraciones sobre el cierre de empresas obligadas a atender indemnizaciones de 45 días son falaces ya que las leyes en vigor dejan abiertas alternativas, eso sí siempre y cuando sean debidamente justificados los motivos y necesidades de la reducción de empleos. Por otra parte, no parece que sea de gran ayuda reducir el coste laboral mediante la reducción de vacaciones o el coste de las extensiones de la jornada, no parece que esto ayude a la creación de empleo, principal objetivo, ni al incremento de la productividad.

En la otra parte de la mesa se sientan unos sindicatos cada vez menos representativos. Unos sindicatos que su primera prioridad es justificar y perpetuar su existencia. Por ello no admiten la descentralización de la negociación colectiva ni la simplificación de la contratación, insistiendo en una intermediación que se ha revelado como ineficaz en la generación de empleo y en la necesaria flexibilización que asegure la pervivencia de las empresas.

No obstante lo preocupante de la situación es el injustificado retraso del gobierno, desde sus pretensiones iniciales, en la promulgación de la necesaria Ley de reforma. Cierto es que el consenso de los interlocutores sociales es deseable para el buen fin de una reforma laboral, pero ante la falta de acuerdo, al menos de un acuerdo más amplio, se debería llamar, convocar  a asociaciones de empresarios y sindicatos y apelar a su responsabilidad social y sentido de estado para que avalen las propuestas del gobierno. Propuestas que por otra parte han sido expresadas por el partido del gobierno en su programa electoral. Propuestas aparentemente ausentes de egoístas intereses sectarios que parecen claramente adecuadas para revitalizar el empleo y flexibilizar las relaciones laborales. En ese momento proponían una reforma laboral basada en la flexibilización de la negociación colectiva, la simplificación de la contratación, la incentivación de la generación de nuevo empleo, la adecuación de la cotización, la desaparición del fraude y de las barreras a la aceptación del empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Una reforma basada en estos principios y aderezada con medidas que faciliten la creación de nuevas empresas y el apoyo a la generación del autoempleo debería ser una de las llaves que abriesen la puerta de la esperanza a multitud de familias que viven en una difícil situación.

Tampoco debemos olvidar que la reforma del mercado de trabajo por si sola no es la solución. Además de facilitar e incentivar la contratación, se debe dinamizar la economía y facilitar e incentivar la creación de nuevas empresas, como ya he dicho antes.  Para ello parece que el primer paso debería ser la reforma del sistema financiero, pero también la contención y adecuado destino del gasto público lo que permitiría una menor contribución, y por tanto una liberación de renta que dinamizaría el consumo, incentivado por un incremento de la confianza, y como no una profunda reforma de la ley de educación que nos de como resultado una capacitación y competitividad mayor de nuestros ciudadanos.

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, semana a semana nos han bombardeado con nuevas medidas; medidas que en muchos casos no figuraban en el programa electoral de las elecciones generales. Hasta el punto de que alguna Presidenta Autonómica las ha rechazado y ha manifestado su desacuerdo, amenazando con no aplicarlas en el territorio que gestiona.

Probablemente los españoles en nuestros años de democracia nos hemos acostumbrado a que las campañas electorales sean un mercado “persa”, en el que cada uno dice lo que se le ocurre para ganar nuestro voto, cuyo objetivo, una vez conseguido, es utilizarlo para hacer lo que les parece sin ningún tipo de responsabilidad, ni sobre lo que prometieron  primero, ni sobre el resultado de su gestión después. Prueba de esto es que después de haber dicho por activa y por pasiva que no nos subirían los impuestos, lo hacen y además incidiendo sobre las rentas del trabajo y por si fuera poco también fomentando la congelación de éstas. Pocas voces críticas se han levantado y las que lo hacen, lo  hacen de una forma tímida y seguramente avergonzados por el terrible desastre de su gestión.

Pero lo más preocupante de todo esto es que unas empresas privadas, tres empresas privadas, las denominadas empresas de calificación, aquellas que han sido responsables directas de la crisis de confianza que generó la actual crisis financiera, que ha dado origen a la situación actual, son las que, no se sabe con qué interés, desestabilizan una y otra vez países y mercados, con comentarios fuera de lugar y no dando, como en el caso actual de España, ni siquiera la oportunidad de que las medidas ya tomadas y que los planes, que todos deseamos tenga el actual gobierno, se lleven a cabo para valorar sus resultados.

Además, sorprendentemente, estas empresas funcionan de una forma aparentemente coordinada, arremetiendo una y otra vez contra los mismos objetivos, siempre en los momentos menos oportunos. En una situación de la que en buena parte son responsables, tanto por inacción como por el retraso de sus valoraciones en el pasado e incluso por sus continuos errores de análisis y criterio, los mercados se muestran temerosos y reaccionan ante cualquiera de sus comentarios. La actual es una situación de tremenda inestabilidad, un terreno abonado para las actuaciones de los especuladores, en el que estas agencias sueltan una y otra vez sus perlas, amenazando  la recuperación y estabilidad con total y absoluta impunidad, sin saber a qué intereses defienden, haciendo con sus valoraciones, avisos de revisión, y calificaciones que todo se desestabilice, y que las medidas tomadas, por muy adecuadas que resulten, lleguen a fracasar antes de ser puestas en práctica.

En el mundo de reformas al que nos estamos asomando, creo que debería acometerse una profunda revisión del mundo de las valoraciones y de las empresas de calificación. La situación actual no sirve a nadie. Los inversores a los que pretenden asesorar ya no dan valor a sus calificaciones, simplemente reaccionan cuando una de estas notas es negativa, bien por prudencia o para mejorar sus remuneraciones. Después de lo sucedido en el pasado reciente ya nadie hace caso de sus notas, simplemente como todo analista, se protegen o aprovechan de las señales de debilidad que con acierto o no identifican.

¿OTRA PROMESA INCUMPLIDA?

Actualmente se está trabajando en el borrador de lo que será el nuevo proyecto de ley  de Montes de Galicia. En él se propone prohibir, con carácter general, la circulación de vehículos a motor tanto por el monte como por pistas forestales fuera de la red oficial de carreteras. A esta prohibición habrá excepciones como cuando se trate de caminos que dan acceso a fincas o casas y también estará permitida la circulación de vehículos de extinción, de gestión forestal o de personas que cuenten con permiso de caza o pesca.

Este planteamiento es totalmente sorprendente sobre todo después de la carta remitida por el Partido Popular de Galicia, en plena campaña para las elecciones autonómicas, a la Asociación de Usuarios de Todo Terreno. Carta en la que se afirmaba que en la redacción de la regulación que ellos proponían se permitiría la circulación de vehículos todo terreno, con fines turísticos, por caminos forestales.

En plena campaña electoral D. José Manuel Álvarez Campana, secretario de organización del Partido Popular y persona que, desde su responsabilidad de Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Partido Popular de Galicia, era perfectamente conocedor de la situación forestal de Galicia y de los planes que su partido, el actual partido de gobierno, tenía para el Monte Gallego. Reconoce y resalta las bonanzas de las rutas turísticas en Todo Terreno. El Sr. Álvarez Campana asevera que las rutas todo terreno es una actividad turística, de promoción y conservación de la naturaleza, de gran interés. Además asegura que la posibilidad de realizar rutas turísticas por caminos, disfrutando tranquilamente de paisajes y lugares, parando en los establecimientos turísticos, es una actividad que resulta perfectamente compatible con el modelo de desarrollo sostenible en el que ellos estaban trabajando.

Según el Secretario de Organización del Partido Popular, Sr. Álvarez Campana, esta actividad debe realizarse con libertad y responsabilidad, y no puede ser considerada como una actividad sospechosa de ser depredadora ni agresiva para la naturaleza y para los bienes públicos y privados, por que cuando, equivocadamente, se considera de esta forma se incorporan restricciones y limitaciones que perjudican el general y libre uso de los espacios públicos, precisamente lo que sucedería en el supuesto de aprobarse el actual borrador de la nueva ley de Montes de Galicia.

El Partido Popular prometía que realizarían todas las acciones necesarias, tanto normativas como administrativas, para evitar que existiesen limitaciones genéricas o específicas que pudiesen ocasionar trabas al normal disfrute de esta actividad. Esa libertad de uso debe estar incardinada en el uso social del monte y de los recursos naturales. Prometiendo, el Partido Popular de Galicia, todo su apoyo para que la actividad tuviese el reconocimiento institucional enunciando las líneas de actuación que, según el propio Sr. Álvarez Campana, se deberían seguir:

Primero: en las relaciones con los concellos, para que en los concellos en los que existan rutas todo terreno se desarrollen actividades de promoción y desarrollo de las mismas.

Segundo: que las actividades de rutas todo terreno se incorporen como actividad y modalidad turística a promocionar desde la administración.

Tercero: considerándola dentro de las colaboraciones sociales con el medio ambiente, facilitando aún más que los participantes en estas actividades tengan la condición de colaboradores en la protección y defensa del medio ambiente, en funciones de información, corrección y mejoras.

Difícilmente se puede añadir, a las enunciadas por el Partido Popular,  nuevas justificaciones al mantenimiento y defensa de la circulación de vehículos a motor, con fines turísticos, por los caminos de la comunidad de Galicia, así como tampoco al diseño del marco que la regule. Aparentemente ésta no ha sido más que otra, bien elaborada, promesa electoral que solo sirve para defraudar a una buena parte de la población y avanzar, en aquello que tanto criticó el Partido Popular desde la oposición, en la restricción de los derechos de los ciudadanos. Pasar de un manifiesto como el suscrito por  D. José Manuel Álvarez Campana, en nombre del Partido Popular de Galicia, a un borrador de proyecto de ley como el que se anuncia parece totalmente incoherente, por lo que de ser esto cierto, muchas deberán ser las explicaciones que tendrá que dar el presidente de la Xunta por incumplir flagrantemente esta promesa electoral. El Partido Popular aún está a tiempo de rectificar, de hacer una buena ley para todos, que nos permita conservar y disfrutar de nuestro entorno, y no de prohibir y limitar las libertades.