EL BANCO MUNDIAL SUSPENDE A GALICIA

Todos los años el Banco Mundial saca su informe “Doing Business” en el cual se compara la forma en la que las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial. Para ello analiza las principales ciudades de 189 países. A la vista de su último  informe observamos como España progresa adecuadamente pero de forma insuficiente, pasando del puesto 52 en el informe 2014 al 33 en el informe 2016, pero permanece a la cola de los países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a la facilidad para hacer negocios.

Con datos actualizados a 1 de marzo, el Banco Mundial, a solicitud del Ministerio de Economía y Competitividad, publica el primer estudio sobre la facilidad para hacer negocios en España, comparando las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas.  En  este estudio se analizan las regulaciones que afectan a 4 etapas de la vida de una pequeña o mediana empresa: apertura, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, y registro de la propiedad. Adicionalmente analiza el inicio de la actividad de una pequeña y mediana empresa industrial y los requisitos para que una empresa sencilla, legalmente constituida, pueda prestar servicios a otra. El informe se complementa con un estudio del comercio transfronterizo mediante el análisis de las dificultades y costes de 5 puertos españoles.

El Banco Mundial recoge datos en las ciudades de mayor aporte y dinamismo económico de cada una de las zonas estudiadas, en el caso de Galicia fueron recopilados en Vigo.

Este estudio deja patenten las desigualdades existentes en España, unas desigualdades achacables a los diferentes marcos regulatorios fruto de la falta de coordinación de los distintos organismos y territorios en el país más descentralizado de Europa.

En la comparativa que realiza el Banco Mundial sobre la facilidad de hacer negocios en España, Galicia se sitúa en el último lugar, siendo la comunidad autónoma en la que más trámites se exige, que más tiempo se necesita, y/o que mayor coste tiene la obtención de permisos de construcción y el registro de la propiedad. En la apertura de la empresa nos situamos en el puesto 16 y en el 13 cuando lo que tenemos que hacer es obtener electricidad.

Cuando se analizan los principales puertos españoles, el de Vigo no sale mejor parado. Es el peor clasificado por ser el que más trámites necesita y el que tiene un mayor coste tanto para realizar una importación como una exportación de mercancías.

Esta situación que detecta el Banco Mundial tiene su reflejo en la evolución económica de Galicia. Durante este largo periodo de crisis nuestra comunidad autónoma sufrió un deterioro más moderado que otras zonas de España, siendo además una de los primeros territorios en dar muestras de recuperación, quizás por eso se tomaron pocas  medidas y se realizaron menos reformas para la reactivación económica, prestándose mayor atención a la gestión del presupuesto. Actualmente vemos como nuestro dinamismo económico es más débil que el del conjunto de España no siendo capaz de recortar nuestro diferencial con la tasa de crecimiento española.

Ante esta situación es necesario tomar medidas para tratar de paliar las señales de alerta que pueden llevarnos a un continuo alejamiento de las Comunidades Autónomas con mayor dinamismo económico. Las reformas y la coordinación institucional son necesarias. Una muestra es que en Galicia la coordinación entre los ayuntamientos y la Xunta de Galicia propició la promulgación de la Ley del emprendimiento y de la competitividad económica, cuya aplicación nos permite situarnos como la tercera comunidad en donde le es más fácil el iniciar actividades a una PYME industrial, siendo la segunda en la que menos tiempo se necesita para realizar todos los trámites.

Parece que el mal resultado que Galicia tiene en este informe no ha caído en saco roto. La agenda de Competitividad Galicia  Industria 4.0 incorpora una propuesta para la creación de una web en la que se recojan propuestas para mejorar y simplificar las tramitaciones administrativas. Pero si no queremos perder la oportunidad de situar a Galicia entre las regiones europeas con mayor dinamismo, crecimiento e influencia hemos de ser todos los que realicemos propuestas de modernización, dinamización y mejora, aportando a nuestros políticos soluciones que posibiliten el desarrollo y fortalecimiento de nuestro tejido productivo.

GALICIA, UN NUEVO RETO

Después de siete largos años de una de las más profundas crisis económicas de las que tenemos constancia, Galicia se encuentra hoy en una situación envidiable para salir de ella fortalecida. El esfuerzo y sacrificio de las familias y de las pequeñas y medianas empresas han permitido construir las bases para el inicio de una recuperación económica que, con más lentitud de la deseada, parece que finalmente podrá llegar a ser una realidad.

Durante este largo periodo hemos sido protagonistas de un profundo cambio de paradigma que ha afectado a muchas de las estructuras que conocíamos, situándonos ante un escenario totalmente nuevo que debemos gestionar. Pero este cambio de modelo ha sido sin duda menos profundo de lo que cabría esperar y hemos dejado pendientes importantes reformas. La sensación es que solo el sector privado ha acometido y sufrido modificaciones. A pesar de ello, Galicia se encuentra ante una oportunidad que no puede desperdiciar.

A este sentir general parece que son ajenas ciertas instituciones que están llamadas a liderar el objetivo común de que Galicia por fin ocupe el lugar que le corresponde y que de una vez por todas sea capaz de influir en las decisiones del Estado y de esa manera en Europa. Con perplejidad vemos cómo organizaciones que deberían ser ejemplo de cohesión, llamadas a aunar esfuerzos y a diseñar un nuevo marco de relación que evite situaciones como las sufridas y que capitalicen el esfuerzo colectivo de los últimos años, dan un lamentable espectáculo por la defensa de lo que parecen intereses particulares, alejándose de la vocación de servicio y de la defensa de los intereses colectivos que les deberían ocupar.

Las oportunidades son escasas. A lo largo de nuestra historia hemos visto cómo los gallegos las hemos dejado pasar. Ahora nos encontramos con un nuevo momento histórico en el que nuestra herencia, nuestros valores, la capacidad de sacrifico de nuestras gentes, su capacidad de adaptación, y sus ansias por superar las dificultades nos sitúan con una leve ventaja que nos puede permitir liderar una recuperación y salir fortalecidos colectivamente, creando un futuro esperanzador para todos los sectores de nuestra sociedad. Son momentos en los que debemos trabajar con generosidad, pensando en el bien común y aprovechando las oportunidades, y las capacidades de todos. El esfuerzo individual no nos permitirá llegar a ninguna parte. Para tener éxito debemos trabajar juntos por el interés común, que es la mejor forma de obtener éxito individual. Las instituciones que nos representan deben trabajar unidas y coordinadas con un único interés, Galicia. Cada una tiene su misión, pero la visión debe ser global, alejada de personalismos y orientada al servicio de la sociedad y al bienestar común.

Después de años de renuncia, de concesiones de toda la población, debemos desterrar de nuestro entorno actuaciones indignas, prácticas inadecuadas, y exigir a nuestros representantes los más altos valores y ejemplaridad.  La crisis ha realizado una profunda selección, dejando a los mejores. Nuestro tejido empresarial se ha revelado como productivo y altamente competitivo, habiendo resistido mejor que el de otros lugares. Ese buen hacer se debe capitalizar para volver otra vez a la senda del crecimiento. Los empresarios, sus trabajadores, la sociedad gallega no puede estar desconcertada y perder su ilusión por ser testigo de situaciones difícilmente explicables en aquellas instituciones que los representan. Nuestros representantes tienen la obligación de entenderse y crear el clima necesario para que nuestra economía vuelva a crecer. Sus esfuerzos no deben desperdiciarse por intereses particulares. Juntos deben luchar por los intereses de Galicia, de los gallegos, de nuestras empresas, buscando ubicar a Galicia en el lugar que le corresponde dentro de los intereses del Estado y con peso en las decisiones de Europa.

Son muchos los sectores en los que Galicia tiene mucho que decir, sectores que están en una situación idónea para que sus empresas puedan liderar el crecimiento no solo en Galicia, sino también en el resto España. Esa es la mejor manera de mejorar la calidad de vida de todos los que habitan en esta privilegiada tierra. Nuestros hijos difícilmente nos perdonarán volver a perder una oportunidad como ésta que tenemos todos los gallegos.

Por todo ello, debemos hacer un llamamiento a la cordura y a la responsabilidad de aquellos que por su propia decisión lideran nuestras instituciones.

CEE

Ramón Vigo arropado por vecinos y familiares a su salida del juzgado de Corcubión/ÓSCAR CORRAL

CEE es un una villa Gallega que durante los últimos años estuvo gobernada por el independiente Ramón Vigo. La gestión de este alcalde y su corporación siempre fue muy discutida, habiéndose incluso presentado a las últimas elecciones como imputado en un caso de corrupción. Pero lo cierto es que mantuvo el sillón consistorial al ser la suya la candidatura más votada por sus vecinos en los últimos comicios municipales.

En las últimas elecciones, donde este alcalde consiguió su reelección como independiente, se presentaron otras formaciones políticas con principios e ideas distintos pero con programas de gobierno con puntos coincidentes. Pasado el tiempo,  los casos de denuncias por corrupción se le acumulan a este regidor, al igual que sus incumplimientos electorales, aderezados además con su falta de capacidad para llegar a acuerdos en materias con posicionamientos teóricamente comunes con el resto de fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento.

A decir de sus vecinos, CEE, desde que asumió su liderazgo el Sr. Vigo, fue perdiendo su tradicional preponderancia en su comarca, generando, éste y los otros asuntos comentados, el descontento de los vecinos que ven como su calidad de vida se deteriora por la gestión de su alcalde, más allá del deterioro que sufren todos los municipios Españoles por la crisis económica que padece nuestro país.

Esta situación ha llevado a que concejales en la oposición de dos formaciones políticas distintas busquen puntos de encuentro, pensando en  mejorar la calidad de vida de los vecinos que los eligieron, terminando con los desmanes del alcalde actual, y garantizando el cumplimiento de los acuerdos pactados, por lo que han presentado de forma conjunta una moción de cesura.

Hasta aquí todo normal y con cierta lógica y nada diferente a lo que sucede en otros muchos ayuntamientos Españoles, en donde sus regidores dejan mucho que desear, pero que entre los concejales existen personas que aún piensan en el bien común y esto lo hacen más allá de sus posicionamientos políticos y de sus intereses personales.

Lo alarmante de este asunto es que una vez terminada la moción de censura y la elección de la nueva alcaldesa, militante del PP, con los apoyos de los concejales del BNG, sale a la "palestra" D. Guillerme Vázquez, Portavoz nacional del BNG,  que sin tener en cuenta las legitimas motivaciones de los concejales de su formación en CEE y sin explicarnos su posicionamiento sobre las mismas, dice que el BNG no puede ser comparsa del PP, aunque sí parece que, prácticamente desde sus orígenes, lo es y  lo ha sido del PSOE, y que nunca consentirá que se apoye a un gobierno del PP. Por ello echa de su formación a los concejales que, lejos de posicionamientos políticos tan profundos con los que el Sr. Vázquez expresaba ,simplemente actuaban por el interés general de sus electores y vecinos.

Después de oír las declaraciones de Guillerme Vázquez, entiendo los motivos por los que el Bloque Nacionalista Gallego está en pleno proceso de desintegración. Además, me reafirmo en la necesidad de un cambio normativo que regule la responsabilidad de los partidos políticos y sus representantes sobre sus promesas electorales y sobre el resultado de su gestión. Espero y deseo que, de una vez por todas, esos que dicen actuar por el interés común dejen de engañarnos y se dediquen a prestar el servicio social para el que libremente se han presentado a unas elecciones.

¡LO HAN HECHO OTRA VEZ!

Titulo programa electoral PP elecciones generales 2011

Después de los desencuentros y la falta de consenso entre patronal y sindicatos el gobierno finalmente se decide a  presentar un decreto de reforma laboral. Una vez más el gobierno de turno no se molestó en alcanzar un acuerdo previamente con los interlocutores sociales y presenta otra reforma laboral sin consenso y por lo tanto con una terrible oposición.

Desde el mismo día en que se hace pública la reforma, se alzan numerosas voces protestando por el contenido de la misma. Ciertamente muchas de las críticas y oposiciones a la Reforma Laboral son justificadas ya que realmente, por su contenido, no se entiende que es lo que se pretende conseguir con las medidas que implementa el nuevo decreto.

La situación que estamos viviendo y el continuado deterioro que sufre, hace que las medidas que se deben tomar sean duras y agresivas. Algo a lo que están dispuestos los ciudadanos. Pero esto es una cosa y otra muy distinta es basar las medidas de incentivación a la contratación, en una pérdida total y absoluta de derechos por parte de los trabajadores y en otorgar un poder cuasi absoluto a los empleadores sobre la relaciones laborales. 

En mi opinión, una ley de este tipo no incentivará la contratación. Cierto es que esto es obvio. Ninguna ley incentiva la contratación ni reduce el desempleo. Para conseguirlo se debe cambiar el ciclo económico y entrar en una senda de crecimiento. La legislación laboral sí puede ser determinante para reducir el ratio de crecimiento en el que el sistema es capaz de volver a crear empleo.

Dicho de otra forma, cuanto menor coste tenga y más flexible sea la resolución de los contratos de trabajo menor será el crecimiento necesario para la creación de empleo, aunque la duración de éste se volverá más sensible a las modificaciones del entorno introduciendo un mayor grado de volatilidad en la estabilidad laboral. Pero la nueva norma no llega a esos valores, manteniendo un coste que  no incentivará la contratación en crecimientos reducidos pero sí la inestabilidad laboral en escenarios como el que vivimos en donde la demanda de trabajo supera ampliamente la oferta, a la vez que se le otorga al empleador una amplia capacidad para modificar arbitrariamente las condiciones sustanciales de la relación laboral. Todo ello sin  olvidar que la falta de tutelaje administrativo, judicial o sindical generará un incremento de reclamaciones que judicializarán el sistema. Espero que no sea por esto por lo que se pretende que la justicia, hasta ahora gratuita, sea de pago.

Antes las innumerables voces críticas a la nueva reforma laboral, el gobierno argumenta simplemente que son tiempos duros en donde se deben tomar medias drásticas, sin mayor explicación de lo que pretenden conseguir con las modificaciones realizadas, que como ya  he dicho antes parecen muy alejadas del objetivo general de modernizar y flexibilizar el mercado laboral. 

Pero el principal argumento que ha utilizado recurrentemente, el presidente del gobierno y todos sus altavoces, es que  una gran mayoría de Españoles les respaldan y les han votado en las urnas para que hagan estas reformas. Esto es falaz. A la vista de esto lo que deberíamos pedir todos los Españoles es un marco regulatorio en donde los políticos tengan responsabilidad sobre sus promesas y sobre el resultado de sus gestiones.

El Partido Popular prometió en su programa electoral una Reforma Laboral. Una reforma laboral basada en la flexibilización de la negociación colectiva, la simplificación de la contratación,  la incentivación de la creación de nuevo empleo, la adecuación de la cotización, la desaparición del fraude y de las barreras para la aceptación del empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero sobre todo en varias respuestas, a preguntas directas y por escrito, Mariano Rajoy dijo que pretendían una reforma laboral que "facilitase la contratación y no el despido". A la vista de lo promulgado y de las explicaciones que han dado, parece que nos encontramos ante otro flagrante engaño al electorado. Otro engaño que no tiene justificación a escasas semanas de su llegada al poder.

COHERENCIA POLÍTICA

Cada vez que te asomas a las noticias te sorprendes. Por muchas reflexiones que hagas, por mucho que trates de comprender, los políticos no te dejan de sorprender. Es cierto que en el pasado viviendo, como hemos vivido, situaciones más favorables, “el todo vale” no contaba con la aceptación pero sí con el desinterés de todos.

La situación ha cambiado radicalmente y ahora hay demasiadas cosas, a las que están habituados nuestros “representantes electos”, que cuanto menos chirrían.

Hace escasos meses hemos tenido unas elecciones generales. Unas elecciones que se han desarrollado en medio de una de las peores crisis que hemos vivido. Durante la campaña los partidos tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas en forma de “programas electorales” 

El Partido Popular tuvo en esas elecciones el respaldo a sus candidaturas, y por lo tanto a su programa, obteniendo una amplia mayoría.

El partido popular no ocultó la multitud de reformas que pretendía y del estudio de su programa sale un amplio detalle de las mismas. Es cierto que las primeras medidas que han tomado, una vez constituido el nuevo gobierno, son totalmente contrarias a lo anunciado. A pesar de lo dicho, de lo repetido en múltiples foros, procedieron a subir los impuestos. Esta flagrante mentira, no solo a su electorado si no a todos los españoles, la han escusado en que la información que tenían no era la correcta y que las cosas estaban mucho peor de lo que imaginaban. Digan lo que digan, lo justifiquen como lo justifiquen, no es de recibo realizar propuestas y promesas electorales que se incumplen el primer día de ejercicio de las funciones a las que se presentan. Con total probabilidad muchos, con responsabilidades similares, utilizaríamos soluciones parecidas para aplacar los graves problemas de liquidez a los que apuntan las medidas tomadas:

- Aumento de la presión impositiva sobre el IRPF y por tanto caja inmediata por medio del incremento de las retenciones que se generan.

- Permisión, incluso yo diría invitación, a la Banca nacional a utilizar los fondos baratos solicitados al BCE para adquirir masivamente deuda publica en vez de, como sería deseable, destinarlos a la financiación de nuestro tejido empresarial.

Si como decía, este descarado engaño no se puede consentir y se debe criticar, no es menos cierto que no parece lógico que la oposición, que no ha conseguido respaldo a sus propuestas en las urnas, critique ahora la intención de realizar las reformas que el partido de gobierno anunció en su programa electoral, cuando ni siquiera se han puesto en práctica.

De la lectura de programa del Partido Popular se extrae su intención de realizar una profunda reforma financiera, necesaria para que nuestras entidades ganen credibilidad y sean capaces de dar  liquidez al sistema para reactivar la actividad; de abordar una amplia reforma del mercado laboral, que flexibilice las relaciones laborales y facilite la creación de empleo; de promover la necesaria reforma del sistema educativo evitando que dispongamos de 17 sistemas ineficaces diferentes y tengamos uno solo que sea capaz de crear ciudadanos más preparados y eficientes; de la imprescindible reforma de nuestro sistema judicial que consiga que obtengamos un sistema independiente, justo, ágil y que sea realmente útil, y de la esperada reforma de la organización del estado para que contemos con administraciones eficaces y eficientes que no solapen sus competencias y que sirvan a todos los españoles por igual.

La oposición debería de ser custodia de que estas reformas se llevasen a cabo y prepararse para realizar las aportaciones que crean importantes para mejorar la convivencia de todos. Sin embargo el objetivo que expresó en su día el difunto Manuel Fraga “seremos una oposición leal” nuca lo hemos alcanzado. Mayoritariamente hemos tenido y seguimos teniendo políticos a los que solo les importa el medio para conseguir el poder. En contadas ocasiones hemos podido ver a nuestros políticos en la oposición aportando ideas o simplemente actuando en positivo por el bien común. Sin embargo son habituales las críticas gratuitas e infundadas y las malas interpretaciones de las actuaciones del gobierno de turno, así como los mensajes engañosos.

Hoy más que nunca necesitamos que todos, los que han ganado las elecciones y los que no lo han hecho, actúen con un amplio y generoso sentido de estado, que ese sentimiento de servicio público del que tanto hablan se cristalice en una actuación desinteresada por el bien común.

No estoy diciendo que se renuncie a la labor de control al gobierno. No estoy diciendo que no se critiquen sus actuaciones, pero no tiene sentido que se critique y cuestione a alguien por hacer lo que ha dicho que haría. Lo razonable es esperar a que sus medidas se  pongan en práctica, proponer mejoras y valorar los resultados, e incluso cuestionar los errores de los planteamientos. Pero el no por el no, la crítica gratuita y partidista no parece que ayude nada más que a sumir al país y a los que lo habitamos en el desánimo, la preocupación y la falta de confianza.