CEE

Ramón Vigo arropado por vecinos y familiares a su salida del juzgado de Corcubión/ÓSCAR CORRAL

CEE es un una villa Gallega que durante los últimos años estuvo gobernada por el independiente Ramón Vigo. La gestión de este alcalde y su corporación siempre fue muy discutida, habiéndose incluso presentado a las últimas elecciones como imputado en un caso de corrupción. Pero lo cierto es que mantuvo el sillón consistorial al ser la suya la candidatura más votada por sus vecinos en los últimos comicios municipales.

En las últimas elecciones, donde este alcalde consiguió su reelección como independiente, se presentaron otras formaciones políticas con principios e ideas distintos pero con programas de gobierno con puntos coincidentes. Pasado el tiempo,  los casos de denuncias por corrupción se le acumulan a este regidor, al igual que sus incumplimientos electorales, aderezados además con su falta de capacidad para llegar a acuerdos en materias con posicionamientos teóricamente comunes con el resto de fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento.

A decir de sus vecinos, CEE, desde que asumió su liderazgo el Sr. Vigo, fue perdiendo su tradicional preponderancia en su comarca, generando, éste y los otros asuntos comentados, el descontento de los vecinos que ven como su calidad de vida se deteriora por la gestión de su alcalde, más allá del deterioro que sufren todos los municipios Españoles por la crisis económica que padece nuestro país.

Esta situación ha llevado a que concejales en la oposición de dos formaciones políticas distintas busquen puntos de encuentro, pensando en  mejorar la calidad de vida de los vecinos que los eligieron, terminando con los desmanes del alcalde actual, y garantizando el cumplimiento de los acuerdos pactados, por lo que han presentado de forma conjunta una moción de cesura.

Hasta aquí todo normal y con cierta lógica y nada diferente a lo que sucede en otros muchos ayuntamientos Españoles, en donde sus regidores dejan mucho que desear, pero que entre los concejales existen personas que aún piensan en el bien común y esto lo hacen más allá de sus posicionamientos políticos y de sus intereses personales.

Lo alarmante de este asunto es que una vez terminada la moción de censura y la elección de la nueva alcaldesa, militante del PP, con los apoyos de los concejales del BNG, sale a la "palestra" D. Guillerme Vázquez, Portavoz nacional del BNG,  que sin tener en cuenta las legitimas motivaciones de los concejales de su formación en CEE y sin explicarnos su posicionamiento sobre las mismas, dice que el BNG no puede ser comparsa del PP, aunque sí parece que, prácticamente desde sus orígenes, lo es y  lo ha sido del PSOE, y que nunca consentirá que se apoye a un gobierno del PP. Por ello echa de su formación a los concejales que, lejos de posicionamientos políticos tan profundos con los que el Sr. Vázquez expresaba ,simplemente actuaban por el interés general de sus electores y vecinos.

Después de oír las declaraciones de Guillerme Vázquez, entiendo los motivos por los que el Bloque Nacionalista Gallego está en pleno proceso de desintegración. Además, me reafirmo en la necesidad de un cambio normativo que regule la responsabilidad de los partidos políticos y sus representantes sobre sus promesas electorales y sobre el resultado de su gestión. Espero y deseo que, de una vez por todas, esos que dicen actuar por el interés común dejen de engañarnos y se dediquen a prestar el servicio social para el que libremente se han presentado a unas elecciones.

¡LO HAN HECHO OTRA VEZ!

Titulo programa electoral PP elecciones generales 2011

Después de los desencuentros y la falta de consenso entre patronal y sindicatos el gobierno finalmente se decide a  presentar un decreto de reforma laboral. Una vez más el gobierno de turno no se molestó en alcanzar un acuerdo previamente con los interlocutores sociales y presenta otra reforma laboral sin consenso y por lo tanto con una terrible oposición.

Desde el mismo día en que se hace pública la reforma, se alzan numerosas voces protestando por el contenido de la misma. Ciertamente muchas de las críticas y oposiciones a la Reforma Laboral son justificadas ya que realmente, por su contenido, no se entiende que es lo que se pretende conseguir con las medidas que implementa el nuevo decreto.

La situación que estamos viviendo y el continuado deterioro que sufre, hace que las medidas que se deben tomar sean duras y agresivas. Algo a lo que están dispuestos los ciudadanos. Pero esto es una cosa y otra muy distinta es basar las medidas de incentivación a la contratación, en una pérdida total y absoluta de derechos por parte de los trabajadores y en otorgar un poder cuasi absoluto a los empleadores sobre la relaciones laborales. 

En mi opinión, una ley de este tipo no incentivará la contratación. Cierto es que esto es obvio. Ninguna ley incentiva la contratación ni reduce el desempleo. Para conseguirlo se debe cambiar el ciclo económico y entrar en una senda de crecimiento. La legislación laboral sí puede ser determinante para reducir el ratio de crecimiento en el que el sistema es capaz de volver a crear empleo.

Dicho de otra forma, cuanto menor coste tenga y más flexible sea la resolución de los contratos de trabajo menor será el crecimiento necesario para la creación de empleo, aunque la duración de éste se volverá más sensible a las modificaciones del entorno introduciendo un mayor grado de volatilidad en la estabilidad laboral. Pero la nueva norma no llega a esos valores, manteniendo un coste que  no incentivará la contratación en crecimientos reducidos pero sí la inestabilidad laboral en escenarios como el que vivimos en donde la demanda de trabajo supera ampliamente la oferta, a la vez que se le otorga al empleador una amplia capacidad para modificar arbitrariamente las condiciones sustanciales de la relación laboral. Todo ello sin  olvidar que la falta de tutelaje administrativo, judicial o sindical generará un incremento de reclamaciones que judicializarán el sistema. Espero que no sea por esto por lo que se pretende que la justicia, hasta ahora gratuita, sea de pago.

Antes las innumerables voces críticas a la nueva reforma laboral, el gobierno argumenta simplemente que son tiempos duros en donde se deben tomar medias drásticas, sin mayor explicación de lo que pretenden conseguir con las modificaciones realizadas, que como ya  he dicho antes parecen muy alejadas del objetivo general de modernizar y flexibilizar el mercado laboral. 

Pero el principal argumento que ha utilizado recurrentemente, el presidente del gobierno y todos sus altavoces, es que  una gran mayoría de Españoles les respaldan y les han votado en las urnas para que hagan estas reformas. Esto es falaz. A la vista de esto lo que deberíamos pedir todos los Españoles es un marco regulatorio en donde los políticos tengan responsabilidad sobre sus promesas y sobre el resultado de sus gestiones.

El Partido Popular prometió en su programa electoral una Reforma Laboral. Una reforma laboral basada en la flexibilización de la negociación colectiva, la simplificación de la contratación,  la incentivación de la creación de nuevo empleo, la adecuación de la cotización, la desaparición del fraude y de las barreras para la aceptación del empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero sobre todo en varias respuestas, a preguntas directas y por escrito, Mariano Rajoy dijo que pretendían una reforma laboral que "facilitase la contratación y no el despido". A la vista de lo promulgado y de las explicaciones que han dado, parece que nos encontramos ante otro flagrante engaño al electorado. Otro engaño que no tiene justificación a escasas semanas de su llegada al poder.

COHERENCIA POLÍTICA

Cada vez que te asomas a las noticias te sorprendes. Por muchas reflexiones que hagas, por mucho que trates de comprender, los políticos no te dejan de sorprender. Es cierto que en el pasado viviendo, como hemos vivido, situaciones más favorables, “el todo vale” no contaba con la aceptación pero sí con el desinterés de todos.

La situación ha cambiado radicalmente y ahora hay demasiadas cosas, a las que están habituados nuestros “representantes electos”, que cuanto menos chirrían.

Hace escasos meses hemos tenido unas elecciones generales. Unas elecciones que se han desarrollado en medio de una de las peores crisis que hemos vivido. Durante la campaña los partidos tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas en forma de “programas electorales” 

El Partido Popular tuvo en esas elecciones el respaldo a sus candidaturas, y por lo tanto a su programa, obteniendo una amplia mayoría.

El partido popular no ocultó la multitud de reformas que pretendía y del estudio de su programa sale un amplio detalle de las mismas. Es cierto que las primeras medidas que han tomado, una vez constituido el nuevo gobierno, son totalmente contrarias a lo anunciado. A pesar de lo dicho, de lo repetido en múltiples foros, procedieron a subir los impuestos. Esta flagrante mentira, no solo a su electorado si no a todos los españoles, la han escusado en que la información que tenían no era la correcta y que las cosas estaban mucho peor de lo que imaginaban. Digan lo que digan, lo justifiquen como lo justifiquen, no es de recibo realizar propuestas y promesas electorales que se incumplen el primer día de ejercicio de las funciones a las que se presentan. Con total probabilidad muchos, con responsabilidades similares, utilizaríamos soluciones parecidas para aplacar los graves problemas de liquidez a los que apuntan las medidas tomadas:

- Aumento de la presión impositiva sobre el IRPF y por tanto caja inmediata por medio del incremento de las retenciones que se generan.

- Permisión, incluso yo diría invitación, a la Banca nacional a utilizar los fondos baratos solicitados al BCE para adquirir masivamente deuda publica en vez de, como sería deseable, destinarlos a la financiación de nuestro tejido empresarial.

Si como decía, este descarado engaño no se puede consentir y se debe criticar, no es menos cierto que no parece lógico que la oposición, que no ha conseguido respaldo a sus propuestas en las urnas, critique ahora la intención de realizar las reformas que el partido de gobierno anunció en su programa electoral, cuando ni siquiera se han puesto en práctica.

De la lectura de programa del Partido Popular se extrae su intención de realizar una profunda reforma financiera, necesaria para que nuestras entidades ganen credibilidad y sean capaces de dar  liquidez al sistema para reactivar la actividad; de abordar una amplia reforma del mercado laboral, que flexibilice las relaciones laborales y facilite la creación de empleo; de promover la necesaria reforma del sistema educativo evitando que dispongamos de 17 sistemas ineficaces diferentes y tengamos uno solo que sea capaz de crear ciudadanos más preparados y eficientes; de la imprescindible reforma de nuestro sistema judicial que consiga que obtengamos un sistema independiente, justo, ágil y que sea realmente útil, y de la esperada reforma de la organización del estado para que contemos con administraciones eficaces y eficientes que no solapen sus competencias y que sirvan a todos los españoles por igual.

La oposición debería de ser custodia de que estas reformas se llevasen a cabo y prepararse para realizar las aportaciones que crean importantes para mejorar la convivencia de todos. Sin embargo el objetivo que expresó en su día el difunto Manuel Fraga “seremos una oposición leal” nuca lo hemos alcanzado. Mayoritariamente hemos tenido y seguimos teniendo políticos a los que solo les importa el medio para conseguir el poder. En contadas ocasiones hemos podido ver a nuestros políticos en la oposición aportando ideas o simplemente actuando en positivo por el bien común. Sin embargo son habituales las críticas gratuitas e infundadas y las malas interpretaciones de las actuaciones del gobierno de turno, así como los mensajes engañosos.

Hoy más que nunca necesitamos que todos, los que han ganado las elecciones y los que no lo han hecho, actúen con un amplio y generoso sentido de estado, que ese sentimiento de servicio público del que tanto hablan se cristalice en una actuación desinteresada por el bien común.

No estoy diciendo que se renuncie a la labor de control al gobierno. No estoy diciendo que no se critiquen sus actuaciones, pero no tiene sentido que se critique y cuestione a alguien por hacer lo que ha dicho que haría. Lo razonable es esperar a que sus medidas se  pongan en práctica, proponer mejoras y valorar los resultados, e incluso cuestionar los errores de los planteamientos. Pero el no por el no, la crítica gratuita y partidista no parece que ayude nada más que a sumir al país y a los que lo habitamos en el desánimo, la preocupación y la falta de confianza. 

REFORMA LABORAL

Sumidos como estamos en una de las mayores crisis que se ha vivido, cada nuevo acontecimiento, cada intervención de los actores sociales, políticos y económicos, evidencian que estamos ante un modelo agotado. Claramente necesitamos reinventar el sistema buscando la eficacia. Necesitamos una revolución tranquila que permita que los líderes vuelvan a ser eficaces.

A muchos un planteamiento como éste les asusta. El cambio no es algo que a todo el mundo le resulte fácil aceptar, sobre todo a aquellos que se han instalado en el mundo de prebendas que genera todo sistema. Los clásicos ya enunciaban como mejores formas de gobierno la constante y pausada transición de unas a otras. En la actualidad lo que debemos buscar es simplemente una redefinición de los poderes públicos, la forma de acceso a ellos y su funcionamiento.

Nos encontramos en un momento crucial en el que necesariamente, y a toda prisa, se han de implementar medidas y reformas que nos ayuden con inmediatez a ver la salida del oscuro túnel en el que nos encontramos. Una de éstas es la reforma laboral. Estamos ante la décimo octava reforma laboral de nuestra democracia y una vez más los llamados actores sociales no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Fue en los Pactos de la Moncloa la primera y única vez en donde partidos políticos, asociaciones de empresarios y sindicatos alcanzaron un acuerdo para realizar una reforma laboral.

Claramente el momento actual necesita del concurso y el consenso de todos pero parece que algunos no se dan por enterados e insisten en la consecución de sus propios intereses. Cierto es que, probablemente presionados por el gobierno, alcanzan un acuerdo de mínimos restringido prácticamente a la revisión salarial.

En uno de los peores momentos, la asociación de empresarios aprovecha una vez más para tratar de obtener ventaja en una situación difícil para la sociedad, limitando un acuerdo en aras de conseguir sus viejas reivindicaciones: la reducción de las indemnizaciones por despido, la reducción de las vacaciones y la de las horas extras. No parece que ninguna de estas pretensiones puedan ayudarnos a salir de la situación actual, más bien todo lo contrario. En una situación como la que vivimos reducir las barreras del despido lo único que generaría es más desempleo­ y además es una medida que con la legislación actual no parece necesaria. Las continuas declaraciones sobre el cierre de empresas obligadas a atender indemnizaciones de 45 días son falaces ya que las leyes en vigor dejan abiertas alternativas, eso sí siempre y cuando sean debidamente justificados los motivos y necesidades de la reducción de empleos. Por otra parte, no parece que sea de gran ayuda reducir el coste laboral mediante la reducción de vacaciones o el coste de las extensiones de la jornada, no parece que esto ayude a la creación de empleo, principal objetivo, ni al incremento de la productividad.

En la otra parte de la mesa se sientan unos sindicatos cada vez menos representativos. Unos sindicatos que su primera prioridad es justificar y perpetuar su existencia. Por ello no admiten la descentralización de la negociación colectiva ni la simplificación de la contratación, insistiendo en una intermediación que se ha revelado como ineficaz en la generación de empleo y en la necesaria flexibilización que asegure la pervivencia de las empresas.

No obstante lo preocupante de la situación es el injustificado retraso del gobierno, desde sus pretensiones iniciales, en la promulgación de la necesaria Ley de reforma. Cierto es que el consenso de los interlocutores sociales es deseable para el buen fin de una reforma laboral, pero ante la falta de acuerdo, al menos de un acuerdo más amplio, se debería llamar, convocar  a asociaciones de empresarios y sindicatos y apelar a su responsabilidad social y sentido de estado para que avalen las propuestas del gobierno. Propuestas que por otra parte han sido expresadas por el partido del gobierno en su programa electoral. Propuestas aparentemente ausentes de egoístas intereses sectarios que parecen claramente adecuadas para revitalizar el empleo y flexibilizar las relaciones laborales. En ese momento proponían una reforma laboral basada en la flexibilización de la negociación colectiva, la simplificación de la contratación, la incentivación de la generación de nuevo empleo, la adecuación de la cotización, la desaparición del fraude y de las barreras a la aceptación del empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Una reforma basada en estos principios y aderezada con medidas que faciliten la creación de nuevas empresas y el apoyo a la generación del autoempleo debería ser una de las llaves que abriesen la puerta de la esperanza a multitud de familias que viven en una difícil situación.

Tampoco debemos olvidar que la reforma del mercado de trabajo por si sola no es la solución. Además de facilitar e incentivar la contratación, se debe dinamizar la economía y facilitar e incentivar la creación de nuevas empresas, como ya he dicho antes.  Para ello parece que el primer paso debería ser la reforma del sistema financiero, pero también la contención y adecuado destino del gasto público lo que permitiría una menor contribución, y por tanto una liberación de renta que dinamizaría el consumo, incentivado por un incremento de la confianza, y como no una profunda reforma de la ley de educación que nos de como resultado una capacitación y competitividad mayor de nuestros ciudadanos.

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, semana a semana nos han bombardeado con nuevas medidas; medidas que en muchos casos no figuraban en el programa electoral de las elecciones generales. Hasta el punto de que alguna Presidenta Autonómica las ha rechazado y ha manifestado su desacuerdo, amenazando con no aplicarlas en el territorio que gestiona.

Probablemente los españoles en nuestros años de democracia nos hemos acostumbrado a que las campañas electorales sean un mercado “persa”, en el que cada uno dice lo que se le ocurre para ganar nuestro voto, cuyo objetivo, una vez conseguido, es utilizarlo para hacer lo que les parece sin ningún tipo de responsabilidad, ni sobre lo que prometieron  primero, ni sobre el resultado de su gestión después. Prueba de esto es que después de haber dicho por activa y por pasiva que no nos subirían los impuestos, lo hacen y además incidiendo sobre las rentas del trabajo y por si fuera poco también fomentando la congelación de éstas. Pocas voces críticas se han levantado y las que lo hacen, lo  hacen de una forma tímida y seguramente avergonzados por el terrible desastre de su gestión.

Pero lo más preocupante de todo esto es que unas empresas privadas, tres empresas privadas, las denominadas empresas de calificación, aquellas que han sido responsables directas de la crisis de confianza que generó la actual crisis financiera, que ha dado origen a la situación actual, son las que, no se sabe con qué interés, desestabilizan una y otra vez países y mercados, con comentarios fuera de lugar y no dando, como en el caso actual de España, ni siquiera la oportunidad de que las medidas ya tomadas y que los planes, que todos deseamos tenga el actual gobierno, se lleven a cabo para valorar sus resultados.

Además, sorprendentemente, estas empresas funcionan de una forma aparentemente coordinada, arremetiendo una y otra vez contra los mismos objetivos, siempre en los momentos menos oportunos. En una situación de la que en buena parte son responsables, tanto por inacción como por el retraso de sus valoraciones en el pasado e incluso por sus continuos errores de análisis y criterio, los mercados se muestran temerosos y reaccionan ante cualquiera de sus comentarios. La actual es una situación de tremenda inestabilidad, un terreno abonado para las actuaciones de los especuladores, en el que estas agencias sueltan una y otra vez sus perlas, amenazando  la recuperación y estabilidad con total y absoluta impunidad, sin saber a qué intereses defienden, haciendo con sus valoraciones, avisos de revisión, y calificaciones que todo se desestabilice, y que las medidas tomadas, por muy adecuadas que resulten, lleguen a fracasar antes de ser puestas en práctica.

En el mundo de reformas al que nos estamos asomando, creo que debería acometerse una profunda revisión del mundo de las valoraciones y de las empresas de calificación. La situación actual no sirve a nadie. Los inversores a los que pretenden asesorar ya no dan valor a sus calificaciones, simplemente reaccionan cuando una de estas notas es negativa, bien por prudencia o para mejorar sus remuneraciones. Después de lo sucedido en el pasado reciente ya nadie hace caso de sus notas, simplemente como todo analista, se protegen o aprovechan de las señales de debilidad que con acierto o no identifican.