REFORMA LABORAL

Sumidos como estamos en una de las mayores crisis que se ha vivido, cada nuevo acontecimiento, cada intervención de los actores sociales, políticos y económicos, evidencian que estamos ante un modelo agotado. Claramente necesitamos reinventar el sistema buscando la eficacia. Necesitamos una revolución tranquila que permita que los líderes vuelvan a ser eficaces.

A muchos un planteamiento como éste les asusta. El cambio no es algo que a todo el mundo le resulte fácil aceptar, sobre todo a aquellos que se han instalado en el mundo de prebendas que genera todo sistema. Los clásicos ya enunciaban como mejores formas de gobierno la constante y pausada transición de unas a otras. En la actualidad lo que debemos buscar es simplemente una redefinición de los poderes públicos, la forma de acceso a ellos y su funcionamiento.

Nos encontramos en un momento crucial en el que necesariamente, y a toda prisa, se han de implementar medidas y reformas que nos ayuden con inmediatez a ver la salida del oscuro túnel en el que nos encontramos. Una de éstas es la reforma laboral. Estamos ante la décimo octava reforma laboral de nuestra democracia y una vez más los llamados actores sociales no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Fue en los Pactos de la Moncloa la primera y única vez en donde partidos políticos, asociaciones de empresarios y sindicatos alcanzaron un acuerdo para realizar una reforma laboral.

Claramente el momento actual necesita del concurso y el consenso de todos pero parece que algunos no se dan por enterados e insisten en la consecución de sus propios intereses. Cierto es que, probablemente presionados por el gobierno, alcanzan un acuerdo de mínimos restringido prácticamente a la revisión salarial.

En uno de los peores momentos, la asociación de empresarios aprovecha una vez más para tratar de obtener ventaja en una situación difícil para la sociedad, limitando un acuerdo en aras de conseguir sus viejas reivindicaciones: la reducción de las indemnizaciones por despido, la reducción de las vacaciones y la de las horas extras. No parece que ninguna de estas pretensiones puedan ayudarnos a salir de la situación actual, más bien todo lo contrario. En una situación como la que vivimos reducir las barreras del despido lo único que generaría es más desempleo­ y además es una medida que con la legislación actual no parece necesaria. Las continuas declaraciones sobre el cierre de empresas obligadas a atender indemnizaciones de 45 días son falaces ya que las leyes en vigor dejan abiertas alternativas, eso sí siempre y cuando sean debidamente justificados los motivos y necesidades de la reducción de empleos. Por otra parte, no parece que sea de gran ayuda reducir el coste laboral mediante la reducción de vacaciones o el coste de las extensiones de la jornada, no parece que esto ayude a la creación de empleo, principal objetivo, ni al incremento de la productividad.

En la otra parte de la mesa se sientan unos sindicatos cada vez menos representativos. Unos sindicatos que su primera prioridad es justificar y perpetuar su existencia. Por ello no admiten la descentralización de la negociación colectiva ni la simplificación de la contratación, insistiendo en una intermediación que se ha revelado como ineficaz en la generación de empleo y en la necesaria flexibilización que asegure la pervivencia de las empresas.

No obstante lo preocupante de la situación es el injustificado retraso del gobierno, desde sus pretensiones iniciales, en la promulgación de la necesaria Ley de reforma. Cierto es que el consenso de los interlocutores sociales es deseable para el buen fin de una reforma laboral, pero ante la falta de acuerdo, al menos de un acuerdo más amplio, se debería llamar, convocar  a asociaciones de empresarios y sindicatos y apelar a su responsabilidad social y sentido de estado para que avalen las propuestas del gobierno. Propuestas que por otra parte han sido expresadas por el partido del gobierno en su programa electoral. Propuestas aparentemente ausentes de egoístas intereses sectarios que parecen claramente adecuadas para revitalizar el empleo y flexibilizar las relaciones laborales. En ese momento proponían una reforma laboral basada en la flexibilización de la negociación colectiva, la simplificación de la contratación, la incentivación de la generación de nuevo empleo, la adecuación de la cotización, la desaparición del fraude y de las barreras a la aceptación del empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Una reforma basada en estos principios y aderezada con medidas que faciliten la creación de nuevas empresas y el apoyo a la generación del autoempleo debería ser una de las llaves que abriesen la puerta de la esperanza a multitud de familias que viven en una difícil situación.

Tampoco debemos olvidar que la reforma del mercado de trabajo por si sola no es la solución. Además de facilitar e incentivar la contratación, se debe dinamizar la economía y facilitar e incentivar la creación de nuevas empresas, como ya he dicho antes.  Para ello parece que el primer paso debería ser la reforma del sistema financiero, pero también la contención y adecuado destino del gasto público lo que permitiría una menor contribución, y por tanto una liberación de renta que dinamizaría el consumo, incentivado por un incremento de la confianza, y como no una profunda reforma de la ley de educación que nos de como resultado una capacitación y competitividad mayor de nuestros ciudadanos.

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, semana a semana nos han bombardeado con nuevas medidas; medidas que en muchos casos no figuraban en el programa electoral de las elecciones generales. Hasta el punto de que alguna Presidenta Autonómica las ha rechazado y ha manifestado su desacuerdo, amenazando con no aplicarlas en el territorio que gestiona.

Probablemente los españoles en nuestros años de democracia nos hemos acostumbrado a que las campañas electorales sean un mercado “persa”, en el que cada uno dice lo que se le ocurre para ganar nuestro voto, cuyo objetivo, una vez conseguido, es utilizarlo para hacer lo que les parece sin ningún tipo de responsabilidad, ni sobre lo que prometieron  primero, ni sobre el resultado de su gestión después. Prueba de esto es que después de haber dicho por activa y por pasiva que no nos subirían los impuestos, lo hacen y además incidiendo sobre las rentas del trabajo y por si fuera poco también fomentando la congelación de éstas. Pocas voces críticas se han levantado y las que lo hacen, lo  hacen de una forma tímida y seguramente avergonzados por el terrible desastre de su gestión.

Pero lo más preocupante de todo esto es que unas empresas privadas, tres empresas privadas, las denominadas empresas de calificación, aquellas que han sido responsables directas de la crisis de confianza que generó la actual crisis financiera, que ha dado origen a la situación actual, son las que, no se sabe con qué interés, desestabilizan una y otra vez países y mercados, con comentarios fuera de lugar y no dando, como en el caso actual de España, ni siquiera la oportunidad de que las medidas ya tomadas y que los planes, que todos deseamos tenga el actual gobierno, se lleven a cabo para valorar sus resultados.

Además, sorprendentemente, estas empresas funcionan de una forma aparentemente coordinada, arremetiendo una y otra vez contra los mismos objetivos, siempre en los momentos menos oportunos. En una situación de la que en buena parte son responsables, tanto por inacción como por el retraso de sus valoraciones en el pasado e incluso por sus continuos errores de análisis y criterio, los mercados se muestran temerosos y reaccionan ante cualquiera de sus comentarios. La actual es una situación de tremenda inestabilidad, un terreno abonado para las actuaciones de los especuladores, en el que estas agencias sueltan una y otra vez sus perlas, amenazando  la recuperación y estabilidad con total y absoluta impunidad, sin saber a qué intereses defienden, haciendo con sus valoraciones, avisos de revisión, y calificaciones que todo se desestabilice, y que las medidas tomadas, por muy adecuadas que resulten, lleguen a fracasar antes de ser puestas en práctica.

En el mundo de reformas al que nos estamos asomando, creo que debería acometerse una profunda revisión del mundo de las valoraciones y de las empresas de calificación. La situación actual no sirve a nadie. Los inversores a los que pretenden asesorar ya no dan valor a sus calificaciones, simplemente reaccionan cuando una de estas notas es negativa, bien por prudencia o para mejorar sus remuneraciones. Después de lo sucedido en el pasado reciente ya nadie hace caso de sus notas, simplemente como todo analista, se protegen o aprovechan de las señales de debilidad que con acierto o no identifican.